Investigación periodística

Uso de agroquímicos en Gral. Madariaga

Julio - 2023

Bajo campos verdes y cultivos exuberantes, se esconde una sombra que se entrevera sobre la tierra fértil. La serenidad de la localidad de General Madariaga se ve desafiada por una controversia que pone en juego la salud de sus habitantes y el equilibrio medioambiental. Detrás de una práctica agrícola orientada a obtener mayores rendimientos se esconde una realidad: su impacto negativo en la biodiversidad y la salud de los habitantes.

Voces que se hacen presentes periódicamente en el edificio municipal para exigir una solución a un problema que arde en sus corazones. Su pedido es unánime: regulación y control en la fumigación con agroquímicos en las zonas rurales que abrazan la ciudad.

Los agroquímicos, aliados controvertidos de la agricultura, constantemente despiertan polémicas y debates. Se trata de sustancias químicas que se utilizan para controlar plagas, enfermedades y malezas, mayormente en la actividad agropecuaria. Algunos de los más comunes: herbicidas, insecticidas y fungicidas. Sus defensores argumentan la utilidad de estos productos con el fundamento de aumentar la productividad y la calidad de los cultivos, lo que se traduce en mayores ingresos para los productores y en mayor oferta de alimentos para la población.

Sin embargo, los campos no sólo se tiñen de verde: los agroquímicos también tienen efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Al ser aplicados mediante pulverización aérea o terrestre, pueden dispersarse por el aire, el agua y el suelo, contaminando los recursos naturales y afectando a la biodiversidad. Además, pueden provocar intoxicaciones en las personas que están expuestas a ellos, sea por contacto directo, por ingesta de alimentos o por agua contaminada.

Una realidad se hace tangible entre los vecinos de General Madariaga. Las escuelas rurales ven morir a sus plantas, los animales sufren en silencio y las enfermedades respiratorias se pueden ver ligadas a esta causa. La ordenanza municipal 1732/07 prohíbe la fumigación a menos de 1.000 metros de las viviendas, pero ¿se respeta? ¿Quién vela por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes? ¿Es posible controlar su implementación?

La problemática atraviesa los límites geográficos de General Madariaga y se convierte en una demanda a nivel nacional. La atención se centra en la legislación vigente y las medidas de control en busca de respuestas a la persistente falta de supervisión y el incumplimiento, que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos y el medio ambiente.

El uso de agroquímicos lleva a sumergirse en un laberinto de intereses económicos, presiones de la industria agroquímica y consecuencias directas e indirectas que afectan a los habitantes de la ciudad. Con testimonios conmovedores y evidencia científica, es comprobable la posibilidad de construir un futuro donde la producción agrícola y la protección del medio ambiente coexistan en armonía, apostando a prácticas sustentables y generando controles exhaustivos.

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En este juego de intereses, Anabella Fernández, Ingeniera Agrónoma y líder de la Secretaría de Medio Ambiente de General Madariaga, se identifica como una voz experta. Desde su posición, entiende que si bien existen obstáculos burocráticos y presiones económicas que amenazan el control en la correcta aplicación de las regulaciones, desde la Municipalidad se hace todo lo que está al alcance.

Allí, se reciben denuncias sobre fumigaciones que se encuentren dentro del área que detalla la Ordenanza. Muchas de esas denuncias están bien fundamentadas porque el propietario y/o responsable de esa fumigación no presentó lo que dice la legislación, pero en muchos otros casos sí se presenta la documentación correspondiente, lo que "hace que el trabajo de la Dirección de Medio Ambiente sea más efectivo en cuánto a control y fiscalización".

Fernández, por un lado, expone el caso de una empresa privada que fumigó con glifosato en un lote cercano a los pozos de captación de agua, faltando a la indicación habilitada. El artículo 11 de la ordenanza 1732/07 detalla: "Habrá una 'Zona de Exclusión' para la utilización terrestre de agroquímicos, que estará delimitada por la Circunscripción I, el sector donde se hallan ubicadas las bocas de perforaciones de Agua Potable que alimentan la ciudad, la superficie de todo curso o cuenca de agua endorreica, de origen natural o artificial y las reservas naturales. En cuanto a la aplicación aérea la 'Zona de Exclusión' se extenderá 2000 mts. a partir de la Circunscripción I".

En este caso, cuenta la Ingeniera en Medio Ambiente, no sólo se fumigó sin tener en cuenta los límites que establece la legislación, sino que no se presentó ningún documento requerido ni se aplicó con junto profesional, ni se detectó inscripto. La Ordenanza dictamina: "Las personas de existencia ideal, física y/o jurídica que [...] apliquen por cuenta propia o de terceros, agroquímicos, tendrán que presentar ante el Organismo encargado de la Inscripción y posterior habilitación, la habilitación otorgada por la provincia, establecida en el art. 4 del dec. 499/91, reglamentario de la ley 10699 de la Provincia de Buenos Aires"; "[...] deberán contar con un Asesor o Director Técnico Profesional Ingeniero Agrónomo u otro título habilitante matriculado en el Colegio Profesional de Jurisdicción Provincial y estar inscripto en el Registro de Asesores Técnicos de la Dirección de Agricultura y Sanidad Vegetal [...]".

Lo cierto es que tampoco hay pruebas y/o análisis de contaminación que demuestren que los pozos de agua estaban efectivamente contaminados. En cuánto a esto, aclara: "Está comprobado científicamente que no hay translocación a las plantas si no hay dosis elevadas, pero no podemos hacer un testeo cada vez porque no hay suficiente presupuesto y los casos serían interminables. En particular junto a esta empresa nos reunimos al darnos cuenta lo que había pasado y, a pesar de eso, volvió a aplicar. Ahí se decidió cobrar una multa por incumplimiento. Pero nuestro objetivo no es llegar ahí, sino tratar de prevenir, porque la multa no siempre es significativa y no cambia lo que ya se hizo".

Por otro lado, aunque algunas denuncias son legítimas y sinceras, a veces estas expresiones desconocen la realidad de aquellos productores que, en ocasiones, cumplen rigurosamente con la normativa vigente. "Hay otro caso dónde se presenta el expediente, la Receta Agronómica, qué productos usan, etc. También era lindero a los pozos de agua, pero estaban haciéndolo con un profesional, con todos los papeles en regla y que esté todo bien aplicado para que no haya contaminación".

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La mirada municipal, sin embargo, es sólo una de las caras de la moneda y siempre es necesario darle la vuelta para conocer ambas visiones.

Marcela Rebeille es vecina de Gral. Madariaga y docente. Durante muchos años estuvo al frente de escuelas rurales y, debido a su posición, se vió obligada a levantar la bandera por un caso que la interpeló y por el que, a partir de ese entonces, está dispuesta a defender no sólo a sus alumnos, sino a toda la comunidad.

Su perspectiva ubica a los agroquímicos como productos altamente perjudiciales para quiénes se exponen a ellos. Sostiene que a los productores de campo "lo único que les importa son los rindes, y no pueden privarse de sembrar 100 metros, o 20 metros". Además, relata casos en los que se produjeron "accidentes" durante el proceso de fumigación y recuerda una experiencia en la que le aseguraron haber utilizado solo "agüita", pero que posteriormente resultó ser una combinación de tordon y glifosato, lo que ella describe como "un lindo combo para matar".

Su reclamo no quedó en el tintero y sus denuncias, a pesar de su empeño, sólo se sumaron al pilón de expedientes. "Las organizaciones deberían jugar un papel importante, pero la verdad es que nunca estuvieron", describe, y agrega que una sóla vez tuvo apoyo de la entidad INTA pero que "se quedaron callados por conveniencia, porque el organismo tenía dos caminos: fomentar la agricultura familiar orgánica, y las huertas familiares; y otra beta que era las grandes siembras con agroquímicos para optimizar rindes. Donde hay dinero de por medio, cuidar es en lo último que se piensa".

Gabriel Sandín, Ingeniero Agrónomo, productor agropecuario y destacado referente en la zona, despliega su experiencia y conocimientos en reuniones y actividades del Colegio de Ingenieros, donde representa a la Asociación de Ingenieros Agrónomos y Forestales del Tuyú (AIAFT). Su participación activa lo convierte en una voz autorizada y comprometida con la problemática que nos concierne.

Según el profesional y especialista, "la aplicación de fitosanitarios, si se hace de acuerdo a las normas vigentes y a las buenas prácticas, son seguras para el ambiente, para la persona que está aplicando y tampoco debería tener impacto sobre los alimentos". Además, explica que todos los productos fitosanitarios están aprobados por el SENASA y afirma con seguridad que si hubiera algún agroquímico que tuviera efectos muy perjudiciales sobre el ambiente o la salud de las personas, no se hubiera permitido la síntesis, distribución y comercialización de ninguna manera.

A pesar de esto, surge una dificultad: controlar la legislación. Tanto Anabella Fernández como Gabriel Sandín afirman que las leyes a nivel provincial y municipal son completas y están bien escritas pero sostienen que lo que falla son los organismos de control. "Existen los organismos de fiscalización pero no funcionan", dice Sandín. La Directora de Medio Ambiente agrega: "nos faltan fiscalizadores, controladores o técnicos que estén a campo comprobando las fumigaciones, las dosis, la aplicación de Recetas Agronómicas según se indican".

El organismo fiscalizador activo tiene como objetivo llevar tranquilidad a la población que, cuando ve que nadie controla las aplicaciones, ni los productos que se usan, se siente insegura y genera sus propias conclusiones a pesar de la falta de información certera.

La falta de control es sólo la punta del iceberg, y está relacionada, fundamentalmente, con la falta de presupuesto que implica, entre otras cuestiones, la contratación de personal que se dedique específicamente a esta tarea. Pero si miramos la base que está bajo el agua, hay más: no existe una legislación nacional integral que aborde de manera efectiva el uso de agroquímicos en Argentina.

Esto genera un vacío en cuanto al alcance y la uniformidad de las regulaciones en todo el país, lo que deja desprotegidas a muchas regiones. El Ingeniero Agrónomo y empresario Miguel Cané, resalta que "las leyes en argentina son anárquicas y no hay una ley nacional madre que sirva de 'paraguas' para todo lo que después se regule, lo que complica las cosas".

Las leyes nacionales vigentes alojan información sobre gestión de envases y registros, pero no detallan las zonas de exclusión o amortiguamiento, o el uso de recetas agronómicas. Esta falta de especificidad permite la existencia de distintos grises que pueden ser aprovechados por las entidades encargadas de formular las regulaciones provinciales y municipales.

Sobre este tema, Gabriel Sandín, aporta: "Los límites permitidos en nuestro país no están determinados, se utilizan cómo base legislaciones de Estados Unidos o de la Comunidad Europea, que difieren bastante entre sí agregando confusión a la discusión".

Si se usa de forma adecuada, las consecuencias no deberían alcanzar a las personas de la ciudad. Pero la falla en los organismos de control hace que no sea posible asegurar que no las haya. A pesar de las regulaciones a nivel municipal y provincial, la ausencia de una ley nacional revela un desafío aún mayor. Como menciona el Ingeniero Cané, es fundamental que se cuente con un marco normativo integral a nivel país que garantice la protección de la salud y el medio ambiente, y que establezca un riguroso sistema de control y supervisión de las aplicaciones de agroquímicos.